La policía acusa al cabecilla de la trama, su exmujer y su madre de montar una trama con la que no pagaban las cotizaciones de sus empleados

La policía ha detenido a tres personas, responsables de un entramado empresarial de cinco sociedades y 13 asociaciones, por un presunto fraude a la Seguridad Social de casi 3,32 millones, según el Ministerio del Interior. El fraude consistiría en haber dejado de pagar las cotizaciones de los empleados de estas entidades e ir cambiándolos de compañía para eludir el pago a la Tesorería. 

Todas las empresas de la trama desarticulada tenían la misma dirección, en Madrid, y compartían cúpula: el responsable, su exmujer y la madre de este. «Dos de los fundadores, abogados ejercientes con amplios conocimientos en derecho», expone la nota difundida por la policía, «utilizaban a la madre del cabecilla, de 80 años de edad, como cabecilla». 

La operación garante comenzó a instancias del ministerio de Trabajo, que remitió un expediente con la sección de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) con la que colabora habitualmente. Los detenidos son acusados de un delito contra la Seguridad Social. Las entidades que gestionaban habían dejado de pagar cotizaciones por encima de lo que el código penal considera delito (50.000 euros en cuatro años sin tener concedidos aplazamientos en el pago), incluso en su tipo agravado (120.000 euros).

Para ocultar el patrimonio y que Trabajo no pudiera ejecutar la deuda, los detenidos habían creado una trama en la que «pretendían aparentar» que cada sociedad tenía una dirección independiente. Sin embargo, explica la policía, estas «formaban un sólido grupo empresarial no transparente». 

Las sociedades se dedican al asesoramiento jurídico y a la gestión de alquileres. Entre ellas, los detenidos trasvasaban a sus trabajadores, dándoles de alta en unas «con actividad insignificante» y dándoles de baja en otras con «una importante actividad económica, produciendo así una confusión de plantillas y una confusión patrimonial».

A pesar de que los detenidos habrían dejado de pagar las cotizaciones, tanto en la parte que deben abonar las empresas como en la correspondiente a los trabajadores, estos no verán mermado su periodo de cotización.

Fuente Sistema Integrado de Información : ElPais

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